El Poder Ejecutivo promulgó la ley nº 19.122 que permite a la población afrodescendiente tener más posibilidades de acceso a puestos de trabajo en empresas públicas y privadas.
Esta ley permite establece que dicho sector de la población ha sido víctima de racismo, discriminación y estigmatización a lo largo de la historia, por lo que se propone establecer este nuevo método de integración.
Entre las acciones afirmativas se incluye destinar el 8% de los puestos de trabajo en los poderes del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatal.
Por su parte, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) determinará un cupo no menor al 8 % destinado a la población afrodescendiente, en los diversos programas de capacitación y calificación que implemente.
Además, los sistemas de becas, apoyo estudiantil, fuentes de financiamiento para cooperación internacional, así como la beca Carlos Quijano, incorporarán cupos dentro de este mismo marco regulatorio.
La ley también incluye la incorporación el los programas de estudio de temáticas referentes al legado de dicha comunidad en nuestro país, así como sus diversas expresiones culturales, como el arte, filosofía, religión, costumbres, tradiciones y valores, así como también sobre su pasado de esclavitud.
EL CUENTITO
En un asentamiento de cuyo nombre prefiero no acordarme (para no discriminar) nacieron, no ha mucho, tres niños: Jonathan, Maikol y Dayana. Digamos que nacieron allá por el 2003 o el 2004, en pleno coletazo de la crisis del 2002, casi junto con la llegada del Frente Amplio al gobierno.
Los tres nacieron en viviendas precarias y se criaron, junto a sus respectivos hermanos o medio hermanos, rodeados de perros y de basura. Desde chiquitos se acostumbraron a andar entre las patas de los caballos con que sus respectivos padres recolectan residuos.
Sus vidas son muy parecidas, salvo porque Dayana, obviamente, es nena, y Jonathan tiene la piel oscura y el pelo en forma de mota ("es afrodescendiente", "es negro" dicen en el barrio). En cambio Maikol y Dayana tienen la piel clara (un poco sucia y cuarteada para la edad, pero clara) y el pelo lacio (rapado para combatir a los piojos, pero lacio). Lo raro es que nadie les dice "europeodescendiente"
A estos niños no los amenaza el Lobo Feroz, ni tienen que dejar piedritas o miguitas para reconocer el camino a sus casas, como los niños de otros cuentos.
No, para nada. A Dayana, a Jonathan y a Maikol lo que puede pasarles es que en cualquier momento dejen de ir a la escuela para cuidar a sus hermanos o para ayudar en la casa (estadísticamente es casi seguro que no terminarán el liceo), o que los reclute alguna bandita para vender pasta base, como a algunos de sus hermanos, o que ellos mismos empiecen a consumir pasta base, o que los alcance una bala policial durante algún "operativo de saturación", o que Dayana quede embarazada a los trece o catorce años y se convierta en "mujer jefa de hogar", o que Maikol y Jonathan vayan a parar al INAU y ahí tomen carrera para llegar al COMCAR, o que les peguen un tiro para ajustar alguna cuenta.
Pero, en fin, no, no los amenaza el Lobo Feroz. Supongamos que Jonathan, Dayana y Maikol logran salvarse de todos esos peligros. Supongamos que logran terminar la escuela y cursar algún año de liceo o de UTU, y que, tiempo después, los tres deciden presentarse a un concurso para entrar a trabajar, por ejemplo, en la Intendencia, o en algún ministerio.
Tienen la misma edad, los mismos méritos o falta de méritos y la misma necesidad de obtener un trabajo que los saque de la miseria.
Ahora supongamos que, gracias a una ley que impone que un ocho por ciento de los que ingresan a la función pública tienen que ser "afrodescendientes", Jonathan logra el empleo mientras que Dayana y Maikol quedan afuera.
¿Qué les decimos a Dayana y a Maikol? ¿Que Jonathan tiene más derecho porque alguno de sus tatarabuelos fue traído como esclavo hace doscientos años? ¿Cómo les explicamos que pasar necesidades por haber tenido tatarabuelos esclavos es mucho peor que pasarlas por ser nieto de un obrero de un frigorífico que cerró, o bisnieto de un peón de campo analfabeto que emigró a la ciudad escapando del hambre? ¿Y qué le estaremos diciendo a Jonathan? ¿Que consiguió el empleo por ser de la raza que es?
¿Qué les estaremos enseñando a esos niños? ¿Que el trabajo se consigue con capacitación y esfuerzo? ¿O que es mejor invocar alguna desventaja histórica, racial, física o "de género"?
¿Qué noción de igualdad y de justicia adquirirán esos niños, si uno es premiado, sin mérito propio, sólo por el color de su piel, y otros son postergados sin culpa propia, sólo por el color de su piel? ¿Qué culpa tienen los niños del presente de que hubiera tráfico de esclavos hace doscientos años? ¿Por qué tienen que pagar ellos los complejos de culpa de la sociedad adulta?
MORALEJA
Lo que una sociedad democrática y justa debe garantizarles a todos los niños, y a los adultos, es la igualdad de posibilidades. El asunto, entonces, no es beneficiar a Jonathan, por ser de raza negra, por sobre Dayana y Maikol. Ni a Dayana, por ser mujer, por sobre Jonathan y Maikol. El asunto es cómo logramos que Dayana, Jonathan y Maikol tengan iguales posibilidades vitales, entre sí, e iguales posibilidades que las María Pía y los Ignacios, nacidos en barrios costeros.
Iguales. Ni menores ni mayores. Para lograrlo habrá que aportarles a todas las Dayana, los Maikol y los Jonathan un apoyo material y cultural del que están privados. Pero, claro, eso requiere cambios estructurales profundos y costosos. En tanto que las "acciones afirmativas" son simbólicas, vistosas y cuestan muy poco
La "discriminación positiva" (que es el nombre original de las "acciones afirmativas") no tienen nada de positivo ni de afirmativo. Son una forma de maquillar la injusticia social, creando nuevas desigualdades tan injustas como las que se pretende combatir.
Las acciones afirmativas están respaldadas por la ONU".
Así como no todos creemos en Dios, no todos creemos en la ONU. ¿De qué ONU hablamos? ¿De la que autorizó el bombardeo y la invasión de Libia? ¿De la que ha sido complaciente con todos los desmanes protagonizados en el mundo por los EEUU y Europa? ¿De la que tiene un Consejo de Seguridad en el que tienen poder de veto cinco potencias: EEUU, Inglaterra, Francia, Rusia y China? ¿De qué democracia y de qué justicia puede darnos clase la ONU?
¡Con razón promueve la "discriminación positiva"! Si es un organismo dominado por los dueños del mundo, ¡claro que le sirven los maquillajes simbólicos!
Por último, preocupa que ninguno de los críticos advierta que los cargos públicos no existen para expiar culpas ni para calmar conciencias. Cumplen o deben cumplir una función para toda la sociedad y no tienen por fin el beneficio de los funcionarios. Por eso no deben ser usados como dádiva ni como moneda de cambio para reparar a los pobres. Para eso están la seguridad social y el MIDES
Somos el país de Varela. El país en que, tal vez, los sistemas universales, especialmente en educación, alcanzaron uno de los niveles de inclusión más importantes del mundo. Y lo hicimos con un sistema que trataba a todos por igual. En la escuela pública se sentaban juntos el hijo del rico con el del pobre, el culto con el ignorante. Y, de alguna maravillosa manera, el resultado era bueno e igualador para todos. Al menos hasta que la crisis y las pretensiones de la clase alta y media quebraron el modelo escolar.
Quizá deberíamos mirar más a nuestro propio patrimonio cultural que a los maquillajes "afirmativos" que venden la ONU y los dueños del mundo.
Hoenir Sarthou
Mientras el Parlamento discute el proyecto de ley sobre medios de comunicación audiovisual presentado en mayo por el gobierno, parece que Uruguay carece por completo de normas que regulen el sector. En realidad, hay unas cuantas. Pero gran parte de las emisoras privadas se las arreglan desde hace décadas para pasearse todos los días y a toda hora, en mayor o menor medida, entre la llegada al borde y la franca transgresión de esas reglas.
Algunos ejemplos. El grueso de la oferta matutina televisiva en Montevideo se compone de programas de infotainment con metralletas de “chivos”. Por la tarde, enlatados argentinos y producciones nacionales que medran en las farándulas de ambas orillas del Plata reducen los valores humanos a “códigos” que premian con presencia en pantalla lo malo, tonto y vistoso, de modo que el monstruo se alimente de sus propios vómitos.
Los informativos suelen identificar a menores infractores o sometidos a agresión sexual; enseñar a delinquir a los espectadores dispuestos a aprender; alimentar el dolor de las víctimas de delitos al reiterar escenas de sufrimiento y violencia, y faltarles el respeto a colectivos raciales, religiosos y de género.
Todo eso en el horario de protección al menor, mientras a algunas de las mejores producciones nacionales se las entierra en horarios impotables.
Acá se violan leyes, decretos y reglamentos. La Ley de Seguridad del Estado que prologó en 1972 el golpe de Estado impuso multas y penas de prisión al responsable del medio de comunicación que identifique a víctimas y victimarios de delitos sexuales. El Decreto 734 de 1978 limita en Montevideo la publicidad a 15 minutos por hora en televisión y 18 en radio, con excepciones muy acotadas. El Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe identificar menores en conflicto con la ley penal.
Si no hubiera normas e imperara una absoluta libertad, cualquiera que cuente con el capital podría adquirir un transmisor con más de 50 kilowatts de potencia en la frecuencia de 850 kiloherzios AM, instalar la antena en la azotea de la casa y matar a Radio Carve. Pero la ley lo impide, en beneficio de quienes proclaman la mejor ley de medios como la que no existe.
Igual, muchos medios actúan como si tampoco rigiera la legislación penal y civil. Los canales 10 y 12 de Montevideo y varias radios arriendan espacios de madrugada, entre otros, a una tarotista, a un servicio de cortejo telefónico y a iglesias que, en medio de sermones machistas y homofóbicos, prometen salud, dinero y amor a cambio de dispensas en metálico. Estas acciones configuran o se acercan a delitos como estafa, incapacidad compulsiva e incitación al odio. Para colmo, la enorme mayoría de las ondas fueron adquiridas en pasamanos aceitados con lagunas legales, vínculos políticos y amiguismos, pues el Decreto 734 establece que esas licencias son personales y prohíbe hasta negociar cambios en su titularidad. Pero radios y canales de Uruguay se compran y venden como si fueran kioscos y no empresas de servicio social autorizadas por el Estado a usufructuar el espacio radioeléctrico público.
Al rechazar el proyecto, la Asociación de Broadcasters del Uruguay incurrió en contradicciones absurdas. Por un lado, evaluó ante los legisladores que “no existe necesidad de promover cambios sustanciales” en ese mismo régimen al que unos cuantos de sus socios violan. Por el otro, se olvidó de que había acordado el grueso de la iniciativa el año pasado en una comisión técnica asesora que integró con otras instituciones públicas y privadas.
La oposición no resistió la tentación de parangonar el proyecto con la ley que rige desde hace un año el sector audiovisual argentino. Pero, en realidad, el modelo es mucho más antiguo y consiste, a grandes rasgos, en impedir la concentración de la propiedad de los medios y garantizar la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad; someter las licencias a escrutinio periódico con participación ciudadana, “fortalecer la infraestructura nacional de telecomunicaciones”, defender la equidad en las campañas electorales y los derechos humanos, en especial los infantiles (aunque sea de 6.00 a 22.00); y alentar la producción nacional y local.
Si en lugar de integrarse con miembros propuestos sólo por el Poder Ejecutivo el Consejo de Comunicación Audiovisual del proyecto uruguayo funcionara en la órbita parlamentaria, como la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Comisionado para las cárceles, la iniciativa avanzaría un paso más hacia el modelo estadounidense gestionado desde 1934 por la Comisión Federal de Comunicaciones.
Al régimen de telecomunicaciones de Estados Unidos, bastante más estricto que el propuesto para Uruguay, se lo ha acusado de favorecer las posturas más conservadoras y los intereses de la industria, sobre todo desde que el gobierno de George W Bush (2001-2009) alentó la concentración de los medios y persiguió con ahínco los pezones que se asomaban por debajo de los corpiños. Y aun así es muchísimo mejor que el actual estado de la radio y la televisión uruguayas.
Marcelo Jelen
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